El Tribunal Superior aceptó la solicitud del
defensor oficial de Carlos Paz, la cual busca asegurar que las personas
privadas de libertad sean presentadas de inmediato ante la autoridad judicial y
tengan acceso al derecho de defensa. Además, se insta a la Legislatura a
modificar la ley con el propósito de garantizar estos derechos a los individuos
bajo detención.
 |
| Marcelo Javier Rinaldi Foto: Lider en Noticias |
La Resolución 428 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es una
decisión significativa que impacta en el tratamiento de los detenidos en las
comisarías, apuntando a agilizar su acceso a la justicia y sus derechos legales
fundamentales. La resolución del TSJ se basa en el habeas corpus presentado por
el defensor oficial de Villa Carlos Paz, Marcelo
Javier Rinaldi, en favor de los detenidos en las comisarías de esa ciudad.
El habeas corpus buscaba garantizar el derecho de los detenidos a la designación de un abogado defensor y a ser informados sobre los cargos que se les imputan, así como reducir el tiempo de alojamiento prolongado en las comisarías a la espera de la obtención de los certificados de antecedentes. Esto se vio reflejado en la solicitud de agilizar la presentación inmediata de los detenidos ante la autoridad judicial y asegurar la designación de un abogado defensor desde el principio.
A pesar de los rechazos iniciales en instancias inferiores como el Juzgado de
Control local y la Cámara de Acusación de Córdoba, el TSJ, al casar esas
decisiones, dio lugar al habeas corpus presentado por Rinaldi. La resolución
del TSJ anuló la decisión de la Cámara de Acusación y enfatizó la necesidad de
que las fiscalías resuelvan con mayor celeridad la situación procesal de los
detenidos, asegurando su alojamiento en un lugar adecuado o su liberación.
También hizo hincapié en la importancia de las condiciones de salubridad en las
comisarías, particularmente durante la pandemia (en el 2021 era una
realidad apremiante).
de instrucción en la presentación inmediata de los detenidos ante la autoridad
judicial y para facilitar el intercambio de información entre el registro
provincial de antecedentes penales y el Registro Nacional de Reincidencia,
agilizando así estos trámites.
Lo más significativo de la decisión del TSJ es su solicitud al Poder Legislativo
provincial para modificar la normativa (la Ley Provincial N.º 8691) de manera
que respete lo establecido en la resolución, asegurando el debido proceso y los
derechos de los detenidos desde el momento de su aprehensión.
En resumen, esta resolución del TSJ busca garantizar los derechos de los detenidos,
agilizar los procedimientos legales y mejorar las condiciones en las
comisarías, abordando aspectos clave para asegurar un proceso más justo y
humano para quienes se encuentran bajo detención.
No hay comentarios:
Publicar un comentario